miércoles, 28 de mayo de 2008

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL SALVADOR.

Por: Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral Capítulo El Salvador

El contexto político actual de El Salvador se describe como una democracia en fase de consolidación, llamada por muchos como “democracia de bajo perfil”. La última década del siglo pasado fue crucial para su historia, pues se caracterizó por ser un período de transición democrática, marcado por la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que dieron por terminados 12 años de conflicto armado interno, que, a su vez, dio un paso clave en el proceso de pacificación de la sociedad y la transformación de un régimen autoritario y represivo a uno democrático.

Uno de los puntos fundamentales derivados de los Acuerdos de Paz es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, pero este aspecto se encuentra actualmente debilitado, cuando no estancado. En términos institucionales y de poder, este modelo de organización política se ha transformado en un rito, se ha vuelto autómata de la sociedad que lo produjo. Lamentablemente, todavía no se ha cumplido con el objetivo de la fundación democrática. Uno de los problemas más graves de El Salvador es que se está viviendo con resabios del antiguo régimen político que, asociado con la debilidad del Estado, se ha transformado en una crisis de legitimidad institucional[1].

Paralelamente, en esa misma década, también se comenzaron a implementar “proyectos de modernización del Estado y políticas de ajuste estructural”, propiciando así la aplicación de un modelo económico orientado al mercado. De esta forma, los procesos de desregulación económica, liberalización comercial y privatización han sido factores clave que continúan determinando el comportamiento económico y social desde esa época[2].

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a 15 años del cese del conflicto armado, “ha habido adelantos importantes en la mayoría de indicadores económicos y sociales que le han permitido al país ascender más de 10 posiciones en el valor del índice de desarrollo humano (IDH) ubicándose [en 2006] en la posición 101 en la clasificación de 177 países”. No obstante ello, cabe advertir que el país aún se mantiene en “desarrollo humano medio”, con un índice de 0.729; por lo que faltaría avanzar al menos 0.071 puntos para alcanzar un “desarrollo humano alto” (un índice de 0.800), como sucede en otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México, Costa Rica y Panamá[3]. Pero si se sigue con tal promedio de crecimiento actual[4], tardará más de una década en lograrlo.

Con una simple lectura de la situación actual, se puede sostener que, en El Salvador, cada vez es mayor la cantidad de personas afectadas por la exclusión social. En la sociedad salvadoreña del siglo XXI, es considerable el número de ciudadanas y ciudadanos que ven limitadas sus posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales, por ende, que se mantienen al margen de los resultados económicos y sociales de vivir en una “sociedad democrática”.

Por ejemplo, los registros demuestran que un alto porcentaje de la población está sometida a condiciones precarias en la calidad de vida. Si bien es cierto que durante los últimos 15 años se observó una reducción de la pobreza, no lo es menos que el ritmo de su reducción ha venido decayendo, pues “entre 1991 a 1995 la pobreza se redujo en un promedio anual de 3 puntos porcentuales, en el periodo 1996-2000 disminuyó en 1.7 puntos y durante 2001-2005 en 0.7 puntos. Al 2005 la pobreza t[uvo] un leve incremento pasando [a afectar] de un 34.6% (2004) a un 35.2% [de la población]”[5].

En 2005, el 65% de los hogares a nivel nacional tenían al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI)[6], el 84.1% de los hogares pobres contaban con al menos una NBI y en los hogares no pobres ese porcentaje era de 55.5%[7]. En ese mismo año, el 42.1% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. Ésta se concentraba en el 36.6% de la población urbana y en el 50.2% de la rural. En el área metropolitana de San Salvador, este porcentaje representaba el 30.2%. Asimismo, el 12.3% de los hogares salvadoreños (206,187 personas) tenían ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos[8].

En otras palabras, y utilizando un enfoque bidimensional o combinado de la pobreza, se reafirma que los datos en El Salvador son alarmantes. En 2005, el 81.2% de los hogares se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que algunos no disponían de ingresos suficientes, tenían insatisfechas necesidades básicas o ambas situaciones a la vez[9]. El 46% de los hogares contaba con carencias estructurales —hogares que poseen ingresos suficientes para un nivel mínimo de consumo, pero que tenían al menos una NBI— y el 33.4% presentaba pobreza crónica —que no tienen nivel de ingresos suficientes y tienen al menos una NBI.

Indiscutiblemente, a esta situación hay que sumar la desigual distribución de la riqueza y la desaceleración del crecimiento económico que afecta al país. Sobre la distribución del ingreso, en 2005, el decil más rico recibió casi 29 veces más que el decil más pobre de la población[10] y el quintil más pobre de la población recibió el 3.8% del ingreso total del país, mientras que el más rico percibió el 54% de los ingresos[11]. También es visible el aumento del índice de Gini[12] que, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) de 2006, llegó a 52.4[13], mientras que el mismo informe de 2003 reportó uno de 50.8[14]. En definitiva, estas cifras confirman la falta de esfuerzos por reducir la desigualdad social, así como la poca eficacia de las políticas económicas orientadas en ese sentido. Por otra parte, algunas variables indican que durante 2005, en promedio, los hombres obtuvieron un 10.98% más que el ingreso promedio de las mujeres[15], es decir, que estas recibieron US$30.43 menos, al percibir un promedio de US$246.56 mensuales. En esa línea, desde la óptica que se analice, puede sostenerse que la sociedad salvadoreña es desigual.

En cuanto al dinamismo del crecimiento económico, desde la mitad de la década pasada, la economía salvadoreña ha mostrado una clara desaceleración. “En el período 2000-2005, el PIB real creció a una tasa promedio anual de 2%. Al descontar el crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento del PIB per cápita fue cercana a 0%, con lo cual esta variable sigue estando por debajo de los niveles que registraba en los años setenta. El ingreso nacional disponible per cápita en términos reales, sin embargo, ha superado desde 1999 el nivel que alcanzó en 1978, gracias al aporte de las remesas familiares enviadas por los salvadoreños [y salvadoreñas] residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos”[16].

Si bien el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la economía creció en razón del 4.2% en 2006, no puede obviarse que solo las remesas alcanzaron un monto superior a los US$3,339 millones, equivalentes al 18% del PIB y a más del 300% del gasto público social. Pero el aumento de las remesas no fue suficiente para al menos igualar la tasa promedio de crecimiento económico de 5.3%, estimada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para la región, ni la de 5.1%, estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía mundial en 2006[17].

En la misma línea, cabe distinguir que este pequeño auge no es determinante como para afirmar tajantemente que la economía salvadoreña ha entrado en una trayectoria sólida de alto crecimiento a largo plazo, pues se deben considerar las debilidades estructurales de su aparato productivo, particularmente en lo que respecta a las potencialidades del sector exportador. Al respecto, Social Watch ha indicado que la causa del incremento en la desaceleración del crecimiento económico en El Salvador se debe a que las acciones gubernamentales para disminuir la pobreza no han logrado su objetivo enfocado en la búsqueda de inversión extranjera para la generación de empleo y el bienestar social. Lejos de ello, la inversión ha sido escasa y de muy mala calidad[18].

El mismo Banco Mundial (BM) sostiene que el mayor desafío para El Salvador sigue siendo el aumento del crecimiento económico, el cual ha sido relativamente bajo desde finales de los años noventa. El bajo crecimiento del PIB, los gastos sustanciales de reconstrucción originados por los terremotos del 2001 y los costos de transición de la reforma de pensiones son factores clave detrás del importante incremento de la deuda pública desde 2001[19].

Al tratar de explicar el lánguido desempeño de la economía salvadoreña, el PNUD ha señalado que una parte responsable es el “entorno internacional adverso (deterioro de los términos de intercambio, debido a la caída de los precios del café y altos precios del petróleo, tendencia alcista de las tasas de interés internacionales, desaceleración de la economía en los Estados Unidos, competencia de China para las exportaciones de baja intensidad tecnológica de El Salvador, principalmente de maquila textil, etc.)”. Sin embargo, puntualizó que esto no ha sido óbice para que otros países de la región hayan crecido más, ni mucho menos una razón válida para que El Salvador se mantenga bajo el promedio de crecimiento económico latinoamericano.

Por su parte, Rubio Fabián (2005) ha advertido que un factor clave en el desnutrido crecimiento económico es la desarticulación territorial de la economía nacional, ya que en el país existe una excesiva concentración territorial de los recursos, así como de las facilidades y oportunidades. Son bastas las regiones que no solo están marginadas y excluidas de las dinámicas económicas nacionales e internacionales, sino que también presentan enormes desequilibrios, entre ellos, acceso a servicios básicos, dotación de infraestructura, inversiones públicas y privadas, empleo e ingresos.

Paralelamente al lento crecimiento de la economía, ha ocurrido una falta de creación de empleo e inversiones[20]. En definitiva, en El Salvador hay una incapacidad real de generar empleos e ingresos, provocando que el mercado laboral salvadoreño se encuentre subsumido en un estado de precariedad.

Entre 1991 y 2005, la tasa de participación global, porcentaje de la población económicamente activa (PEA) con respecto a la población en edad de trabajar (PET), ha promediado 52.2% a nivel nacional, mientras que las tasas de participación global urbana y rural han registrado promedios de 54.3% y 49.3%, respectivamente[21].

Estas cifras son alarmantes cuando se visualiza desde un enfoque de género. El último IDH (2006) indica que, aunque el sector femenino representó más del 53.19% de la PET, las mujeres que se encuentran económicamente activas sólo fueron un 20.48% del total de esta. Por lo contrario, en el caso de los hombres, ellos representan un 31.23% de la población económicamente activa en edad de trabajar, aun cuando sólo son el 46.81% de la PET. En pocas palabras, por cada hombre que se encuentra en edad de trabajar y no está activo económicamente, existen 2 mujeres en iguales condiciones.

Otros indicadores revelan que, no obstante en la década de los noventa la tasa de desempleo presentaba una reducción, en los últimos años, esta ha tendido a estancarse alrededor del 7%. Específicamente, el dato más reciente reveló un incremento de 0.4 puntos porcentuales, pasando de un 6.8% en 2004 al 7.2% en 2005. En esta dinámica, la juventud es el estrato poblacional que presenta mayor índice de desocupación[22].

La población urbana desempleada aumentó en 1.1 puntos porcentuales en 2005, registrando una tasa de 7.3%, siendo nuevamente las mujeres las más desfavorecidas, ya que la tasa de este sector poblacional creció 1.0 puntos más, mientras que la masculina tan solo un 0.2%. Asimismo, del análisis de los indicadores puede advertirse que el empleo tiene una incidencia mayor en personas que tienen más años de estudios aprobados, especialmente entre las personas que tienen 7 y 12 años de estudios[23].

En este punto, es necesario traer a colación que, indiscutiblemente, el cese del Acuerdo Multifibras ha sido un duro golpe para El Salvador, no sólo porque el 60% de sus exportaciones se genera en la industria textil[24], sino por la repercusión que trajo en materia de desempleo. La CEPAL, al hablar sobre el impacto de la intensa competencia internacional sobre el empleo manufacturero, reconoció que en “países como El Salvador y República Dominicana se perdió empleo por la contracción en el sector de la maquila de textiles”[25].

Por otra parte, es ineludible señalar que, en el país, el subempleo afecta a casi un tercio de la población trabajadora urbana (32.2%). De ese porcentaje, el 5.6% trabajaba involuntariamente menos de 40 horas a la semana y el 26.5% trabajaba 40 horas o más a la semana, pero con un ingreso menor al salario mínimo. En el primer lustro del milenio (2000-2005), el porcentaje de la población trabajadora urbana que está en el sector informal aumentó en un 6.7%[26], reportando en este último año el 54.4% de la población ocupada, de la cual más de la mitad (el 59.7%) correspondía a mujeres.

Es importante resaltar que la población ocupada durante 2005 era de 2,526,363 personas, de las cuales el 35.9% estaban en calidad de asalariadas permanentes y el 28.9% se dedicaban a trabajar por cuenta propia. Algunos señalan que, según el grupo ocupacional, el 32% de los ocupados son trabajadores no calificados. En el mismo año, la situación del subempleo era de 33% y el 26.8% eran subempleados invisibles o que perciben un ingreso menor que el salario mínimo[27].

Es lamentable que las estadísticas señalen que más de la mitad de la población ocupada en el área urbana (55.5%) no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social o no está cubierta por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)[28]. A este respecto, la categoría de asalariados permanentes constituye la categoría ocupacional con menor porcentaje de ocupados sin cobertura, con el 22.5%. Durante 2006, las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) registraron 1,437,474 personas afiliadas al sistema, pero de esas sólo el 37.4% eran cotizantes activas. Es interesante que durante los últimos años la tasa de densidad de cotización tiende a la disminución, pues en 2000 el 58.6% de los afiliados cotizaba, mientras que en 2006 sólo representó el 37.4%[29].

En materia sindical, a mediados de 2006, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) contaba con un registro de 178 sindicatos con una población afiliada de 168,849. La última tasa de sindicalización (2005) fue de 6.2%, lo cual indica que sólo 6 de cada 100 personas ocupadas están sindicalizadas en el país.

El salario mínimo actual entró en vigor desde noviembre de 2007, cuando se reformó el salario vigente desde septiembre de 2006. Entonces, éste ascendía a US$174.30 en el sector comercio y servicios, US$170.42 en la industria, US$157.20 en la maquila y US$81.60 en la agricultura. En la actualidad, éste asciende a US$183.00 en el sector comercio y servicios, US$179.10 en la industria y US$162.00 en la maquila textil y confección. En contraste, según el último boletín de precios al consumidor realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC), el costo de la canasta de mercado (básica) en noviembre de 2007 era de US$724.05, la cual sufrió un incremento de 1.4% respecto a octubre y, a su vez, aumentó un 6.23% si se compara con el mismo dato respecto al mes de noviembre del año anterior (US$682.00) Por tanto, es evidente que, por ejemplo, el salario de una persona que trabaja en el sector maquila representa tan solo un 22.67% de la canasta de mercado (básica). Además, si se es un poco más específico, para lo cual no hace falta realizar muchos cálculos, y concluir que mientras el salario mínimo se “reajustó”, —con suerte— después de un año, un 3% en el sector maquila, tan sólo en un mes la canasta básica urbana aumentó 5.4%, pasando de US$154.50 en octubre a US$162.70 en noviembre de 2007, que incluso es 70 centavos de dólar mayor que el salario mínimo de maquila.

En fin, la amalgama de la precariedad del empleo más el estancamiento de los ingresos de amplios sectores de la población es, en la actualidad, uno de los obstáculos importantes para mejorar las condiciones sociales del país. Como señala el PNUD, “de no ser por la continua migración de la población al exterior, particularmente hacia Estados Unidos, que opera como una válvula de escape del mercado laboral […] y que a la vez complementa los ingresos de los hogares […] la situación económica y social del país sería bastante más apremiante”[30].

Por tanto, las remesas familiares juegan un papel fundamental para amortiguar en el ámbito de la pobreza el impacto de la escasa asignación al gasto social. No sólo en el sentido de que “[c]ada vez que una persona pobre abandona el país, […] el numerador de la tasa de pobreza disminuye [, o porque l]as migraciones también quitan presión a la demanda de empleo y de servicios sociales básicos”[31], sino que los mismos datos oficiales afirman que las remesas permiten que, en promedio, medio millón de personas alcancen ingresos que superan la línea de extrema pobreza. De modo que, hoy por hoy, el binomio migración-remesas es “una de las principales redes de protección social en El Salvador […], de mayor alcance que la mayoría de los mecanismos formales de protección social apoyados en las políticas públicas”[32].

Más aún cuando en los últimos tres años el país ha reducido el porcentaje del PIB destinado al gasto social. En 2004, era de casi del 8% y en 2007 un poco menos del 6%[33], contradiciendo tácitamente al discurso oficial, según el cual “lo social no es complemento de nada: Lo social es la base de todo”[34]. Incluso, ya en 2004, el BM sostuvo que “[e]l nivel de gasto total del gobierno central s[eguía] siendo bajo en relación con otros países de América Latina […] especialmente […] debido a la necesidad de impulsar el crecimiento y cumplir con la agenda social”[35]. En cuanto a ello, la CEPAL en reiteradas ocasiones ha considerado que el gasto público per cápita coloca al país en el grupo de “gasto bajo”; incluso señaló que, a nivel regional, los recursos adicionales necesarios para alcanzar la meta de cobertura universal de los servicios sociales básicos se estimó en un 8% del gasto público[36].

A continuación conviene analizar, de un modo general, algunas de las violaciones a derechos laborales más frecuentes en El Salvador, como consecuencia de la tendencia a flexibilizar las relaciones laborales y de la preponderancia del mercado sobre los Derechos Humanos.

I. Afectaciones a la Estabilidad Laboral

En El Salvador, la justicia laboral es básicamente una justicia de cesantes; esto es posible afirmarlo con toda certeza si se toma en cuenta que, aproximadamente, más del 90% de los casos denunciados en el sistema —tanto en sede administrativa como judicial— corresponden a afectaciones a la estabilidad laboral[37]. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el MINTRAB, de un total de 6,012 denuncias recibidas en la sede administrativa en 2004, 5,901 se originaron por despidos (98.15%) y 111 se debían a terminación de contrato (1.85%)[38].

De manera más específica, las estadísticas oficiales reflejan que los sectores más afectados son la industria y los servicios. Dentro del primer rubro, sin lugar a dudas, la industria de la confección de ropa e indumentaria es la que presenta frecuentemente despidos en masa provocados por los cierres de las empresas dedicadas a esta actividad económica[39].

La maquila salvadoreña “experimentó un notorio crecimiento a partir de la década de los años 90, cuando se configuró como una estrategia económica basada en la industrialización y en la promoción de exportaciones de productos no tradicionales. Desde entonces, la maquila empezó a ganarse un lugar privilegiado en las cuentas nacionales, hasta el punto que sus exportaciones desplazaron a muchos productos tradicionales”[40]. Sin embargo, el actual decrecimiento de las exportaciones de este sector ha dado paso, entre otras consecuencias, a la afectación masiva del derecho a la estabilidad laboral de las personas que trabajan en estas empresas.

Según la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR, en 2005, se atendieron en esta institución 2,674 denuncias en el sector maquila, de las cuales 1,638 (61.26%) eran por despido; en 2006, se contabilizó un total de 656 reclamos en este mismo sector, siendo 437 (66.62%) casos relativos a despidos[41] (veáse Cuadro n.° 5).

Asimismo, como se expuso en la situación del país, es innegable el impacto que ha traído el fin del Acuerdo Multifibras en materia de desempleo. Incluso la misma CEPAL ha visto con preocupación la gran pérdida de empleos en el sector de la maquila[42]. En el Foro Balance y Perspectiva de la Maquila en El Salvador, se estableció que, durante 2005, al menos 11,500 trabajadores y trabajadoras fueron suspendidos de la maquila[43]. Entre 2005 y 2006, se tiene un estimado de 18 empresas perdidas (cerradas) en ese sector productivo[44]. En suma, de 2004 hasta diciembre de 2006, se calcula que se han perdido cerca de 20,000 empleos[45].

Como se sostuvo anteriormente, en El Salvador se consagran 18 causales (artículos 36 y 37 del CT) que pueden ser invocadas por la parte patronal para suspender, temporal y justificadamente, el contrato de trabajo a sus empleados o empleadas; de estas causales, 11 pueden ser aplicadas unilateralmente y sin previa autorización judicial o administrativa (artículo 38). Una de las causales a la que más se acogen los empleadores es a aquella relativa a la falta de fondos o de materia prima.

Lamentablemente, la parte patronal tiende a hacer un uso indebido de estos mecanismos legales que, al final, resultan siendo una justificación para los despidos que atentan contra la estabilidad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, reiteradamente, GMIES ha sostenido que “estas causas son enunciadas frecuentemente para maquillar los despidos [...]. La ley permite que las suspensiones por falta de materia prima se extiendan hasta nueve meses, lo que genera enormes presiones económicas para el trabajador o la trabajadora y muchas veces opta por renunciar”[46].

En el cuerpo normativo salvadoreño, el derecho a estabilidad está recogido en muchas normas, por ejemplo, el artículo 25 del CT establece que “[l]os contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanente[s] en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación”. Sin embargo, es frecuente que en la práctica prevalezca más la libertad de contratación que la estabilidad laboral. Lo peor de todo es que la institucionalidad estatal competente para proteger y tutelar este derecho es todavía muy débil, además de que los empresarios tienden a recurrir a subterfugios, como cambiar su razón social, para evadir su responsabilidad ante estas infracciones y no pagar las indemnizaciones correspondientes.

Incluso, en ocasiones, las mismas instituciones, al momento de realizar las conciliaciones, negocian porcentajes de las indemnizaciones que por ley les corresponden a los trabajadores y las trabajadoras[47], pese a que la justificación legal de estas es que la persona trabajadora “necesita una compensación por la pérdida de bienestar que le causa quedar desempleada, tanto en términos emocionales como financieros. Asimismo, debe fungir como un seguro de desempleo, y financiar el período de desocupación”[48]. Desde la óptica de la empresa, la indemnización constituye una suerte de impuesto al despido a las empresas que buscan reestructurarse para “adaptarse a cambios en las condiciones económicas y la competencia”[49].

Como se ha referido, el criterio salvadoreño para calcular la indemnización está directamente relacionado con la “antigüedad” del trabajador o la trabajadora despedida. Es decir, que en la medida en que se vayan acumulando años laborales, el monto de la indemnización será mayor, en caso de despido. Sin embargo, la misma ley establece que “en ningún caso será menor del equivalente al salario básico de quince días” y que tampoco el “salario podrá ser superior a cuatro veces el salario mínimo legal vigente”.

En otras palabras, una empresa con trabajadores antiguos afronta costos más elevados que una empresa con trabajadores poco experimentados[50]. La parte patronal, consciente de esta realidad, frecuentemente trata de evadir esta responsabilidad de dos formas: indemnizando a su fuerza laboral cada año o haciendo una renovación constante de su personal, de modo tal que muy pocas personas logren acumular muchos años.

Ante ello, es innegable que existen sectores que estructuralmente son más sensibles a la rotación; esto obedece a razones de tecnicidad, rango en la escala de producción, y otros. Al respecto, recientemente, GMIES ha sugerido que dentro del sector de la maquila existe una continua ola de contrataciones o una marcada rotación laboral en el área de los operarios, que provoca “una poca estabilidad laboral con la que gozan los trabajadores y trabajadoras”[51]. Desafortunadamente, la constante reestructuración organizativa bajo el argumento de sobrellevar efectivamente la dinámica económica actual seguirá provocando una gran volatilidad en la estabilidad laboral hasta que no se logre superar la debilidad institucional en materia laboral.

II. Atentados contra la libertad sindical

En materia de libertad sindical, el escenario también resulta ser bastante desfavorable para que la población trabajadora ejerza su derecho a la organización.

La libertad sindical en El Salvador tiene su asidero legal en el artículo 47 de la Constitución y 204 del CT. Igualmente, el Estado salvadoreño ha aceptado múltiples compromisos internacionales en materia sindical —como el Protocolo de San Salvador, entre otros—, pero, en vez de ajustar la normativa laboral interna al contenido de dichos instrumentos, se han tomado múltiples medidas para volverlos ineficaces.

Ciertamente, esto responde al modelo de relaciones colectivas de trabajo que ha manejado El Salvador, el cual busca “reafirmar el sistema de economía libre de mercado mediante la preeminencia de los intereses empresariales, limitando fuertemente los principios inherentes a la libertad sindical, para efectos de no introducir elementos que distorsionen el mercado de trabajo”[52]. En ese sentido, la PDDH[53] ha sostenido que:

[B]ajo el actual estilo de desarrollo de nuestro país, la flexibilización de las relaciones laborales se ha convertido prácticamente en requisito indispensable para incrementar la competitividad de empresas públicas y privadas y para posicionarlas en el estrecho mercado nacional y en el comercio externo, tan desigual. En el caso de la organización sindical y demás libertades sindicales relacionadas con ella es similar, habiendo quedado demostrado que éstas se han considerado y presentado en los últimos años –desde el punto de vista gubernamental, parte del sector empresarial y de organismos financieros internacionales– como un verdadero obstáculo en la definición y consecución del horizonte económico vigente.

En El Salvador, ha habido una concepción anacrónica de las facultades inherentes a la noción de libertad sindical, pues al preponderase las facultades de constituir, organizar, afiliarse y desafiliarse de una organización, en lugar de divisar en ella una herramienta útil de defensa de los intereses colectivos de las personas trabajadoras, se ha percibido como un fin y no como un medio. En síntesis, existe la noción generalizada de minimizar la libertad sindical en el derecho a la sindicalización[54].

Sin embargo, bajo una acepción mucho más amplia de este derecho fundamental, “resulta fácil comprender que forman parte de su contenido esencial, el derecho de sindicación (faz orgánica) y naturalmente el derecho a hacer valer los intereses colectivos de los trabajadores organizados mediante la acción reivindicativa y participativa, lo que se canaliza a través del ejercicio de los derechos de negociación colectiva y de huelga (faz funcional)”[55].

Otros elementos concomitantes de esta realidad son la cultura antisindical del país y la indolencia estatal para promover y defender los derechos sindicales, provocando así una sinergia que merma el reconocimiento y el ejercicio de los derechos colectivos laborales. A ese tenor, el énfasis preponderante en el tema económico señalado con anterioridad ha ido relegando cualquier consideración y relevancia de los derechos laborales en las políticas públicas impulsadas por el gobierno. Sobre este punto, vale destacar que la actitud del MINTRAB ante las prácticas desleales que atentan contra la libertad de organización de los trabajadores y las trabajadoras se limita a “ignorar las manifiestas conductas antisindicales”[56], pese a que existen variadas formas de obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical en el país, entre otras, la retardación en la concesión de personería jurídica o negación de la misma; los despidos de promotores y/o afiliados a sindicatos o directivos sindicales, aunque estos últimos se encuentren protegidos por el fuero sindical; las privaciones de libertad arbitrarias de sindicalistas; los requisitos excesivos en materia de negociación colectiva y del derecho a huelga.

Concretamente, debe considerarse que son actos de discriminación sindical los que: 1) condicionan el acceso o la permanencia en el trabajo a que el trabajador o la trabajadora no se afilie a un sindicato o se cese en su afiliación por el mismo, y 2) provocan el despido o traslado de un trabajador o una trabajadora por su afiliación o participación en actividades sindicales[57].

En reiteradas ocasiones[58], la OIT ha sostenido que el CT salvadoreño “viola los principios de la libertad sindical y [ha] lamenta[do] que en aplicación de esa legislación las autoridades hayan negado la personalidad jurídica a varios sindicatos en formación”. Lo neurálgico es que, pese a ello, el MINTRAB ignora muchas de las resoluciones emitidas por esta organización[59], no obstante el Estado tiene su responsabilidad internacional comprometida al ser miembro de la misma.

Hay que apuntar que si bien algunos datos confirman un crecimiento en la tasa de sindicalización en el país, todavía no es posible sostener que se ha superado el “impasse” reportado en los últimos años alrededor del tema. De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde 2000 hasta 2004, se reportó un estancamiento de la tasa de sindicalización en 5.7%, y en este último año siguió en evidente declive, llegando al 5.4%[60]. Como se sostuvo, a mediados de 2006, este indicador subió al 6.2%[61]. Pero, aun así, sólo 6 de cada 100 personas ocupadas están sindicalizadas en el país. Sin embargo, en materia de contratos colectivos de trabajo, la realidad es cada vez más oscura, pues durante el período de 2000 a 2004 hubo una disminución considerable de los contractos colectivos vigentes, pasando de 318 a 298, que dejaron desprovistos a unos 12,220 trabajadores y trabajadoras[62].

Concretamente en el sector de la maquila salvadoreña, GMIES ha indicado que la libertad sindical enfrenta “obstáculos de facto y de jure que permiten que la industria de la confección de ropa e indumentaria en El Salvador, tenga como característica, ese denso ambiente antisindical”[63]. Esto se evidencia, sobre todo, en materia de discriminación sindical, pues es frecuente la “creación de listas negras [...] que contienen los nombres de los trabajadores que han sido identificados por las empresas como sindicalistas y que, por lo tanto, no deben ser contratados” [64].

En fin, en pleno siglo XXI, en El Salvador, existen muchas acciones y omisiones que constituyen impedimentos claros para el pleno ejercicio de la libertad sindical, que van desde el estancamiento del ordenamiento jurídico relacionado con la protección eficaz al derecho y la ineficacia estatal, hasta el desgastado tejido sindical.

III. Afectaciones a la Seguridad Social

En los últimos años, gozar del derecho a la seguridad y previsión social en El Salvador se ha convertido en un espejismo debido a la inobservancia de las normas laborales que protegen este derecho. En razón de ello, se ha constatado que en ocasiones la parte patronal realiza los respectivos descuentos de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, pero no traslada las cotizaciones a las instituciones respectivas[65], por lo que, a la larga, imposibilitan hacer uso de los beneficios de este derecho a sus trabajadores y trabajadoras.

El artículo 50 de la Constitución salvadoreña declara la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio. Establece, además, que al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y las trabajadoras y el Estado. Deja al Estado y al patrono en un plano de subsidiariedad respecto de las obligaciones a favor de los empleados y las empleadas, cuando aquellas sean cubiertas por el Seguro Social. Igualmente, en el ordenamiento jurídico secundario, existen diversos cuerpos normativos que consagran el derecho de la población trabajadora a recibir las prestaciones de salud y ahorro previsional.

Este problema es particularmente sensible en el sector maquila. Actualmente, se estima que las retenciones no trasladadas por este tipo de empresas anualmente alcanzan los US$5.7 millones[66]. Desde la óptica de los trabajadores y las trabajadores, se visualiza de esta manera: de acuerdo al salario mínimo vigente hasta octubre de 2007 para el sector de la maquila, las personas trabajadoras devengaban un salario mensual de US$157.20, es decir, al año reportan un ingreso de US$1,886.4, de los cuales se les descuenta US$174.48. Esta deducción equivale al 9.25% del ingreso anual y se reparte de esta forma: el 3% va destinado al pago de salud y el 6.25% del ingreso anual, al fondo de ahorro para pensiones.

Según apreciaciones de la PGR, “aproximadamente 33 mil trabajadores no poseen Seguro Social ni ahorros previsionales. La cifra de afectados sin el ISSS se multiplica cuando se suman los beneficiarios, es decir, los hijos y cónyuges de los trabajadores”[67]. Con relación al monto total de la deuda que mantienen varias empresas privadas con el ISSS, dicha suma se estima en más de US$4.4 millones en cotizaciones descontadas[68].

A ese tenor, el Seguro Social ha presentado 176 denuncias por igual número de casos a la FGR en un intento por recuperar, por la vía judicial, unos US$3.3 millones de esta deuda. Además, hay unos 61 juicios ejecutivos que se mantienen desde hace años en la entidad, por un monto de US$1.1 millones por deudas que arrastran varias empresas desde antes que entraran en vigor las reformas penales que incluyeron el delito de apropiación indebida de cuotas laborales[69].

Entre los obstáculos institucionales que existen para hacer efectivos los cobros a las empresas morosas, pueden mencionarse: a) la FGR tiene la atribución legal de iniciar la acción penal correspondiente contra el patrono que retiene las cuotas, pero no está facultada para recuperar el dinero adeudado, y b) muchas fábricas cierran y vuelven a inscribirse con otra razón social, por lo que legalmente no se les puede tratar igual, es decir, no puede perseguirse su patrimonio.

El número de personas aseguradas, actualmente, bajo el régimen del ISSS asciende a 1,019,220[70]. En febrero de 2007, el ISSS reportó “30 mil 245 patronos inscritos y 655 mil 560 trabajadores beneficiados, de los cuales 5 mil 557 patronos estaban pendientes de pago de planilla, afectando a 71 mil 465 empleados”[71]. Ante esta cruda realidad se tiene que la FGR sólo cuenta con 19 fiscales encargados para tramitar los casos relativos a retención de cuotas a nivel nacional[72], por lo que puede concluirse que, frente al extenso universo de trabajadores y trabajadoras afectados por la retención de sus cotizaciones, existe un limitado número de fiscales que se encarguen de ejercer la respectiva acción penal, soportando estos una enorme carga laboral que les impide desempeñar eficazmente su función.

Respecto de las normas laborales y leyes referentes a la seguridad social en las zonas francas, resulta innegable la inaplicación de las mismas. En los recintos fiscales, la exoneración fiscal ha sido mal entendida como exención jurídica de sus responsabilidades en materia de seguridad social. Pero debe tenerse en cuenta que el cumplimiento adecuado de las leyes laborales en zonas francas depende en gran medida de “una efectiva” labor de supervisión y control por parte de las autoridades administrativas, complementado con un expedito desempeño del sistema judicial, situación que en la práctica dista mucho de ser cumplida por los funcionarios y las funcionarias competentes de ejercer esta función.

Lo peor de todo es que, para noviembre de 2005, uno de cada ocho empresarios no pagaba las cuotas del Seguro Social y, como consecuencia, 26,980 trabajadores no pudieron acceder a los servicios de salud, aunque se les descontaron las respectivas cuotas. Las demandas entabladas por el Seguro Social durante 2005 tenían por objeto recuperar US$2,667,000, fruto de descuentos realizados por empresarios a sus trabajadores, pero que no fueron trasladadas al ISSS[73]. Esto refleja la debilidad institucional en temas laborales y la desprotección en que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras frente a los delitos laborales que pudieran cometer los patronos.

IV. Conclusión

En síntesis, es posible afirmar que, el modelo neoliberal en El Salvador “(…) se caracteriza por la precarización del empleo, la flexibilidad laboral, el manejo cada vez más hegemónico de las empresas transnacionales, la significativa presencia de la maquila textil –como propuesta de empleo y desarrollo–, la privatización de los servicios públicos, el debilitamiento de la institucionalidad del Ministerio de Trabajo, el paulatino desaparecimiento de la contratación colectiva y la muerte provocada del movimiento sindical”[74]; resultando la población trabajadora seriamente perjudicada en el goce de sus derechos laborales y derechos humanos en general.



[1] Calderón, F., “Notas sobre la crisis de legitimidad del Estado y la democracia”, en La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: contribuciones para el debate (PNUD), Buenos Aires 2004, pp. 193 y ss.

[2] Mutatis mutandis. Desempeño económico y del mercado de trabajo de El Salvador 2004-2005. San Salvador, FUNDE, Global Policy Network, p. 1.

[3] Costa Rica y Panamá son las únicas naciones de la región centroamericana que forman parte del bloque de países con un desarrollo humano alto.

[4] En el informe de 2004, se registró un IDH de 0.719; en 2005, de 0.722; y en 2006, de 0.729.

[5] Lara, E., Empleo y pobreza: estado de los indicadores. San Salvador, FUNDE, mayo de 2007, p. 4.

[6] Entiéndase como aquellas fundamentales para mejorar la capacidad y condiciones de vida de las personas o los hogares, en detalle: calidad de la vivienda, no hacinamiento, agua potable, saneamiento, educación, acceso a la salud y electricidad.

[7] Lara, E., op. cit., p. 29.

[8] Lara, E., op. cit., p. 27.

[9] Lara, E., op. cit., p. 37.

[10] Mientras que el decil más pobre recibió el 1.3%, el más rico recibió el 37.3% del ingreso nacional. Véase Lara, E., op. cit., p. 32.

[11] Lara, E., op. cit., p. 4.

[12] El índice de Gini es coeficiente de Gini multiplicado por cien. Este coeficiente es el indicador que mide el nivel de concentración del ingreso y de los activos entre la población. Este coeficiente es una medida de 0 a 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

[13] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano de 2006, p. 336.

[14] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano de 2003, P. 284.

[15] Lara, E., op. cit., p. 4.

[16] PNUD, “Trayectorias hacia el cumplimiento de los ODM”, en Cuadernos sobre Desarrollo Humano, n.° 6. San Salvador, mayo de 2007, p. 21.

[17] Ídem, p. 22.

[18] Cfr. Informe Social Watch 2005 por país: El Salvador [en línea], disponible en la página electrónica: http://www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/elsalvador2005_esp.pdf.

[19] Véase la reseña sobre El Salvador del Banco Mundial en la página electrónica: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/ELSALVADORINSPANISHEXTN/0,,menuPK:454654~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:454643,00.html.

[20] Rubio-Fabián, R. “¿Por qué no crece nuestra economía?” [en línea], en Alternativas para el desarrollo. San Salvador, FUNDE, junio-julio de 2005, ISSN 1811-430X, disponible en la página electrónica: http://www.funde.org/Publicaciones/Publicaciones_FUNDE/Alternativas_para_el_Desarrollo/alternativas_94.pdf, p. 1.

[21] Cfr. PNUD (2007), p. 22.

[22] Lara, E., op. cit., p. 7.

[23] Ibídem.

[24] PNUD (2007), p. 23.

[25] CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe [en línea]. Santiago de Chile, diciembre de 2006, ISBN: 92-1-322976-3, disponible en la página electrónica: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/27542/lcg2327_p_e_.pdf, p. 54.

[26] En 2000, el 47.7% de la población trabajadora del área urbana estaba en el sector informal, mientras que, en 2005, el porcentaje fue del 54.4%.

[27] Cfr. Lara, E., op. cit., pp. 9-10.

[28] Lara, E., op. cit., p. 7.

[29] Cfr. Lara, E., op. cit., pp. 12-13.

[30] PNUD (2007), p. 28.

[31] PNUD (2007), p. 17.

[32] PNUD (2007), p. 18.

[33] Cfr. Pacas, F. “Remesas alivian la pobreza de medio millón de salvadoreños” [en línea], en ComUnica en línea, año 4, n.° 11, 15 de junio de 2007, disponible en la página electrónica: http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun152007/notas/nota33.htm.

[34] Véase la página electrónica: http://www.casapres.gob.sv/especiales/primeraniversario/index.htm.

[35] Cfr. Banco Mundial.Evaluación del gasto público” [en línea], en Resumen ejecutivo, Washington D.C., agosto de 2004, disponible en la página electrónica: http://wbln0018.worldbank.org/LAC/lacinfoclient.nsf/6f1c77f445edaa6585256746007718fe/4be60a64d8c13cba85256f47005378a4/$FILE/ElSalvador_PER.pdf.

[36] Ganuza, E.; León, A. y Sauma, P. Gasto público en servicios sociales básicos en América Latina y el Caribe: análisis desde la perspectiva de la Iniciativa 20/20. San José, PNUD-CEPAL-Universidad de Costa Rica.

[37] Germán Emilio Muñoz Hernández, Procurador Adjunto de Áreas Especializadas: Derechos Laborales y Patrimoniales, junio de 2007.

[38] Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuadro nº 3.8.1: Diferencias individuales por forma de resolución y sexo según causal del reclamo y oficina, disponible en la página electrónica http://www.mtps.gob.sv.

[39] Germán Emilio Muñoz Hernández, Procurador adjunto de Áreas Especializadas: Derechos Laborales y Patrimoniales, junio de 2007.

[40] Cfr. Valencia, A. Informe El Salvador: La fuerza de trabajo en las maquilas de la región centroamericana y

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